El centro y oeste de la provincia de Buenos Aires atraviesa una situación de alta vulnerabilidad hídrica tras las inundaciones del año pasado. Aunque las condiciones climáticas del verano facilitaron el retiro de gran parte de la masa líquida superficial, los productores agropecuarios locales manifestaron que el riesgo subsiste debido a la falta de obras de infraestructura estructurales.

La principal preocupación de la comunidad rural se concentra en la próxima primavera ante los pronósticos que señalan la probable configuración de un nuevo fenómeno climático El Niño. Esta perspectiva genera alarma en la región, dado que dicho evento meteorológico suele acarrear precipitaciones superiores a los promedios normales. Los especialistas del sector indican que los perfiles del suelo permanecen completamente saturados, lo que restringe la capacidad de absorción de la tierra.

El impacto económico y productivo derivado de las inundaciones previas alteró severamente los esquemas tradicionales de la zona. Durante la campaña anterior, la superficie destinada a la agricultura sufrió una reducción aproximada del 45% respecto de las proyecciones iniciales, obligando a realizar siembras tardías entre los meses de diciembre y enero. Por su parte, la actividad ganadera registró una caída de unas 20.000 cabezas de ganado bovino, afectando el stock histórico del partido.

"Hoy estamos llenos de agua abajo. Cualquier lluvia importante nos deja nuevamente fuera de juego", aseguró Hugo Enríquez, presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio. El dirigente gremial remarcó que las intervenciones y los trabajos de mantenimiento realizados en los canales aliviadores resultaron insuficientes, y advirtió que un evento meteorológico moderado replicaría el escenario crítico vivido anteriormente.

Respecto de la gestión pública de la emergencia, las entidades rurales locales diferenciaron el accionar de los distintos estamentos gubernamentales. Mientras destacaron el despliegue de los recursos municipales disponibles y el aporte técnico provincial en maquinaria para la limpieza de las vías de escurrimiento, cuestionaron el desempeño de la administración nacional. Los productores calificaron la asistencia federal como escasa y distante de los requerimientos reales del sector productivo.

El gobierno bonaerense avanza con acciones preventivas para el sector

El Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires presentó un diagnóstico actualizado sobre la probable ocurrencia del fenómeno El Niño 2026/2027 y las acciones preventivas que ya se encuentran en marcha para reducir sus posibles impactos sobre la producción agropecuaria bonaerense.

El informe fue expuesto durante una nueva reunión de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires (CEDABA), ámbito en el que participan representantes del Estado provincial y de las entidades agropecuarias. En esta oportunidad estuvieron presentes Fabián Jaras, Sandra Moreno, Sofía Rey y Jonatan Sánchez Sosa por el Ministerio de Desarrollo Agrario; Abigail Morán y Joaquín Remis por el Ministerio de Economía; Juan Pablo Sarlinga por el Banco Provincia; Mara Marconi por ARBA; Mariano Williams y Hernán Silva por CARBAP; Joaquín Domínguez Lemoine por la Sociedad Rural Argentina; y Roberto Miskus por FEBAPRI.

De acuerdo con los análisis realizados por equipos técnicos del Ministerio, existe alrededor de un 90% de probabilidades de que durante el trimestre junio-julio-agosto de 2026 se consolide una fase cálida del fenómeno ENOS (El Niño-Oscilación del Sur), con perspectivas de alcanzar una intensidad moderada a fuerte y mantenerse activo durante buena parte de la campaña 2026/2027.

Asimismo, los modelos internacionales prevén anomalías de la temperatura superficial del mar superiores a los 2°C, asociadas a mayores precipitaciones, temperaturas por encima de lo normal y una mayor frecuencia de tormentas intensas. En ese marco, el relevamiento realizado por el MDA indica que la provincia presenta actualmente una situación heterogénea en materia hídrica, con buena disponibilidad de humedad en la mayor parte del territorio y sectores con saturación de suelos, especialmente en áreas de la cuenca del Salado. Las regiones Noroeste y Centro aparecen como las de mayor riesgo frente a un escenario de lluvias superiores a los promedios históricos.

“Estamos ante un escenario climático que requiere anticipación y planificación. Por eso venimos trabajando de manera preventiva con los municipios y distintos organismos provinciales. Junto a la entidades agropecuarias ya contamos con experiencia en este tipo de trabajos conjuntos y a partir de esta reunión avanzaremos en ese sentido”, señaló el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.

Frente a esta situación, el Ministerio viene trabajando en un esquema de prevención y mitigación que contempla la limpieza y adecuación de canales, alcantarillas, puentes y cunetas, el mantenimiento de caminos rurales, el fortalecimiento de los mecanismos de respuesta ante emergencias y la disponibilidad de fondos destinados a obras y asistencia a productores afectados. Estas acciones se llevan adelante de manera articulada con municipios, organismos provinciales y las entidades agropecuarias que integran la CEDABA, con el objetivo de anticipar escenarios de riesgo y acordar respuestas coordinadas ante posibles eventos climáticos extremos.

El abordaje impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario se encuentra además en línea con las definiciones anunciadas recientemente por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, orientadas a priorizar intervenciones sobre la infraestructura hídrica y vial, profundizando las tareas de mantenimiento y acondicionamiento para aumentar la recuperación de los territorios frente a eventos climáticos cada vez más frecuentes e intensos.

Desde el MDA destacaron que el seguimiento del fenómeno será permanente y que continuará el trabajo coordinado con municipios, comités de cuenca, consorcios camineros, entidades agropecuarias y otros organismos provinciales para anticipar escenarios de riesgo y minimizar las consecuencias sobre la producción y las comunidades rurales.