Autoridades del gobierno provincial dijeron que “la Provincia de Buenos Aires garantizó la libre circulación en las inmediaciones del puerto de Bahía Blanca”. Argumentaron que “en cada uno de los puntos donde hubo una mínima adhesión al reclamo, se logró garantizar el derecho a circular con la presencia de agentes del ministerio de Seguridad provincial”. Respecto de los ataques a otros transportistas indicaron que “actúa de oficio la Justicia", y aseguraron que ante los reclamos realizados por los transportistas, la Provincia solicitó a la Nación que revea la normativa sobre la relación peso-potencia, que entraría en vigencia en diciembre de 2022 y dejaría inhabilitados a unos 3.000 camiones más antiguos, que son más livianos y suelen transportar mayor volumen de carga. Los transportistas piden más plazo para renovar esas unidades

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) explicaron que la mayor actividad de los puertos de la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca y Necochea, es consecuencia de la emergencia hídrica del río Paraná: "Ha aumentado los costos logísticos en un 300% y producido importantes demoras por el desvío de carga desde el Gran Rosario hacia los puertos bonaerenses", advirtió  Gustavo Idígoras, presidente de CIARA y CEC. "El daño económico para el país es enorme. Suman 11.000 los camiones que no ingresaron a puerto y que se contabilizan como perdidos, hay 40 buques esperando para cargar 1.200.000 de toneladas de maíz, trigo y harina de soja, entre otros. Además de perder previsibilidad como exportador, el Estado argentino pierde 400 millones de dólares en divisas por esta situación anárquica", aseguró el empresario.