La diputada nacional del Frente de Todos, Venesa Laura Massetani, presentó un proyecto que busca impulsar el desarrollo sostenible del riego en todo el país. “El objetivo es alcanzar 4,2 millones de hectáreas irrigadas para el 2030, con una eficiencia en la utilización del agua superior al 60%”, afirma la iniciativa. La propuesta menciona la creación un área de Coordinación Nacional de Riego (CNR), que funcionará en la órbita de la Subsecretaria de Agricultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y que será la encargada de impulsar el “Plan Nacional de Riego”. Ese espacio se encargará de promover el desarrollo sostenible del riego; la gestión participativa de recursos hídricos; la realización de investigaciones para evaluar los recursos existentes, y la promoción del estudio comparado y compatibilización de las normas vigentes entre provincias, entre otras cuestiones.

La propuesta además define la creación de un “Registro Nacional de Regantes” que deberá ser actualizado cada dos años. En el mismo “los regantes deberán declarar las hectáreas irrigadas, los sistemas de riego utilizados, el potencial de ampliación de la superficie irrigada, los sistemas de captación de agua utilizados y las perforaciones existentes”. Para fomentar el desarrollo de actividades de riego, el proyecto prevé la generación de herramientas crediticias acordes a las necesidades del sector, la eliminación del IVA para proyectos de riego, la amortización acelerada de los equipos de riego a cinco años, la reducción de la tarifa eléctrica y la creación de un cuadro tarifario en cada provincia a partir del cual se aplique un valor diferencial para los usuarios de riego. Las líneas de crédito serían por cinco años, en pesos, a tasa fija y con una tasa de intreés diferencial “para la adquisición de equipo de riego y equipos de energía renovable para proyectos de riego”.

“La CNR promoverá en articulación con instituciones nacionales y especializadas existentes como el Instituto Nacional del Agua (INA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Centro de Economía, Legislación y Administración del Agua (CELA) y con organismos provinciales, la realización de eventos de capacitación y asistencia técnica que apunten a la eficiencia en el uso de los recursos orientados al riego, el mejor impacto social, ambiental y territorial”, indica el proyecto. La iniciativa se financiaría con erogaciones anuales del Estado nacional. “Es muy importante la generación de políticas que fomenten el desarrollo sostenible de la superficie bajo riego ya que esto trae aparejado un impacto fiscal positivo para el Estado, permitiendo la intensificación del recurso e incrementa la productividad. A su vez, disminuye el riesgo de sequía atenuando la variabilidad de producción. De esta manera, se aumenta la seguridad de cosecha y con ella, la estabilidad de ingresos públicos y privados”, sostuvo la legisladora en los fundamentos del proyecto.