Buenos Aires se convierte así en la primera provincia en obtener tratamiento de la emergencia por la sequía que afecta a la región por parte del Gobierno nacional
La Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios recomendó declarar el estado de emergencia agropecuaria por sequía a 13 municipios bonaerenses, tras la solicitud del ministro de Desarrollo Agrario provincial, Javier Rodríguez.
El Gobierno provincial ya había declarado la emergencia para esos distritos el 11 de noviembre pasado y brinda asistencia a los productores afectados. La reunión estuvo encabezada por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, y contó con la participación de Rodríguez y sus pares del resto del país.
La resolución comprende a los
distritos San Pedro, Rojas, Salto, Ramallo, Junín, Arrecifes, Alberti,
Chascomús, Suipacha, Lobos, San Vicente, Magdalena y Dolores.
Una vez que avance la recomendación de la Comisión, los productores y productoras de esas localidades que hayan sido afectados por la sequía podrán acogerse a los beneficios contemplados en la Ley 26.509, entre ellos la prórroga de los vencimientos de los pagos de los impuestos a las ganancias, a la ganancia mínima presunta y de bienes personales; la prórroga del pago de los vencimientos de deudas bancarias (con un plazo de hasta 48 cuotas); la suspensión durante el plazo de la emergencia de la iniciación de los juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados y la paralización de los juicios que estuvieran en trámite con el mismo fin.
"Hay que resaltar la rápida respuesta del Gobierno provincial y el Estado nacional para acompañar y asistir a los productores afectados por estos eventos climáticos adversos, no solo desde la declaración de la emergencia sino también a través de distintas herramientas específicas como líneas de financiamiento y aportes no reintegrables", destacó Rodríguez.
El 11 de noviembre último, el gobernador Axel Kicillof había declarado la emergencia agropecuaria por sequía para esos 13 distritos bonaerenses y anunciado asistencia financiera para los productores afectados.
De esta forma, aquellos productores que hayan visto afectado entre 50% y 79% de su producción o capacidad de producción serán considerados en estado de Emergencia Agropecuaria y se les otorgará una prórroga del pago del impuesto Inmobiliario Rural.
En tanto, aquellos productores que hayan sufrido una afectación de entre 80% y 100% entrarán en la categoría de Desastre Agropecuario y serán eximidos del pago del impuesto rural, en proporción al porcentaje de afectación.
Además, el Gobierno provincial puso a disposición distintas líneas de financiamiento para mitigar el impacto de la emergencia climática que afectó a estas regiones, destinadas principalmente a pequeños y medianos productores.
El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense ofrece un Aporte no Reintegrable para la Agricultura Familiar ante eventos climáticos adversos que otorga montos de hasta $200.000, destinados a la recomposición de la infraestructura dañada, la adquisición de insumos productivos para reiniciar el ciclo de producción y la reposición de animales muertos o afectados.
También cuenta con una Línea de Financiamiento Ante Eventos Climáticos Extremos con montos de hasta $1,5 millones y tasa de 35% para el reinicio del ciclo productivo, y otra de Financiamiento para Prevención y Mitigación de Emergencias.
Por
su parte, el Banco Provincia cuenta con Financiamiento para Afectados
por Fenómenos Naturales para solventar el costo de reparación de los
daños materiales sufridos en los inmuebles o en un vehículo de su
propiedad -siempre que no hayan sido cubiertos por la compañía de
seguros-, con una tasa de interés fija de entre 37% y 39%; y además
ofrece una línea de financiamiento específica para Emergencia por
Sequía.
Se aprobó un préstamo de US$500 millones para mitigar el cambio climático en Argentina
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó, en Washington, un préstamo de 500 millones de dólares para que la Argentina fortalezca su capacidad de planificar y financiar acciones climáticas, desarrolle un marco favorable para las finanzas sustentables que aseguren las inversiones necesarias para una transición sostenible e inclusiva del sector privado, e impulse la economía circular y la descarbonización de la actividad económica.
El préstamo tiene un plazo de amortización de 20 años, con 5,5 años de gracia y una tasa de interés basada en SOFR (Secured Overnight Funding Rate, que los bancos utilizan para fijar el precio de los derivados y préstamos denominados en dólares), precisó el organismo multilateral en un comunicado.
Esta es la primera de dos operaciones consecutivas vinculadas técnicamente, pero financiadas en forma independiente, bajo la modalidad de préstamo programático en apoyo de reformas de política, las cuales están destinadas a vigorizar el crecimiento sostenible y resiliente del país.
Estas reformas de política son clave para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero de los sectores que generan 80% de ellas: energía, transporte, agricultura, ganadería y cambio de uso del suelo.
Así, se busca apoyar la descarbonización de la economía y contribuir a la meta establecida por el Gobierno para la reducción de las emisiones anuales de CO2, de 366 a 349 millones de toneladas métricas hacia 2030.
Como resultado del programa se contará con marcadores presupuestales climáticos en el presupuesto nacional, incluyendo una partida para la conservación de más de cuatro millones de hectáreas de bosques nativos y protegidos.
Asimismo, se contribuirá a la generación y registro, en un plazo de dos años, de 32 proyectos en el nuevo Registro Nacional de Proyectos de Mitigación ante el Cambio Climático.
Como parte del Plan de Desarrollo Productivo Verde, se espera aumentar el número de proyectos de energía renovable y eficiencia energética apoyados, desde los actuales 17 a 160 para 2024, e incrementar sustancialmente la participación de energías renovables en la matriz energética nacional.
En el aspecto financiero, se espera impulsar la emisión de bonos verdes, ampliar el número de bancos que emplean sistemas de análisis de riesgos ambientales y sociales para decidir la aprobación de sus operaciones, y aumentar la participación de fondos comunes de inversión que financian actividades con impacto significativo en algún aspecto social, ambiental, climático o de gobernanza.
En el área de manejo de residuos sólidos, la operación dará un fuerte impulso al reciclado de residuos urbanos, llevándolo de las actuales 0,9 a 1,3 millones de toneladas diarias en 2024, e incrementará sustancialmente el porcentaje de la población con acceso al sistema de recolección diferenciada.
Por: Redacción