El juez a cargo del Juzgado Federal nº 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, admitió el tratamiento de la acción colectiva interpuesta por la Sociedad Rural Argentina con el fin de que se declare la inconstitucionalidad del cobro de derechos de exportación a los productos agropecuarios a partir del 1 de enero del año 2022.

Se trata de una acción de amparo dirigida contra el Poder Ejecutivo Nacional y contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por considerar que el cobro de derechos de exportación dispuesto es ilegítimo. La entidad ruralista considera que, desde el 1° de enero pasado, las retenciones ya no son aplicables por no haberse extendido la ley vinculada a la emergencia económica de 2019 porque el Congreso de la Nación no aprobó el último presupuesto de 2022 que incluía, entre otros puntos, una prórroga de una potestad al Poder Ejecutivo para la aplicación de los derechos de exportación.

La decisión del magistrado indica que consideró que en el caso “se configura el supuesto de afectación a derechos de incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos”. Delimita la clase afectada “a todos los productores agropecuarios del país”y ordena la inscripción del presente proceso en el Registro de Procesos Colectivos.

También ordena al representante legal de la SRA que informe al Tribunal las diferentes formas habituales de comunicación con los miembros que integran la clase, a fin de evaluar aquella que resulte más idónea para notificarle a éstos la tramitación de la causa.

Resolución completa: