La Sociedad Rural Argentina llevó su reunión de comisión directiva ampliada a 9 de Julio donde los campos siguen anegados. Más de 50 productores se hicieron presentes para relatar la situación que atraviesan y pedir soluciones urgentes. Del encuentro participó el secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta (foto), quien visitó por primera vez la zona desde el inicio de la emergencia. El funcionario mantuvo un bajo perfil, se limitó a escuchar y, al ser consultado por las obras en la cuenca del Salado, reconoció sin rodeos: "Es un tema que tenemos en agenda, pero que es complejo porque es un tema de plata, pura y exclusivamente".

Los reclamos de los productores giraron en torno a dos ejes. Por un lado, acciones inmediatas que permitan garantizar la próxima campaña, como el arreglo de los caminos rurales, hoy en estado crítico. Por otro, la necesidad de retomar el Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado, una obra estructural de largo plazo que permanece paralizada y que, según denuncian, impide encauzar correctamente el agua que llega de distritos vecinos.

En ese sentido, Ricardo Debernardi, delegado de la SRA en 9 de Julio, advirtió que la región recibe el excedente hídrico de partidos como Carlos Casares: "No se trata de pasarle el agua al vecino, sino de encauzarla correctamente para evitar daños. Hoy no podemos sacarla porque el dragado está frenado y el plan maestro no ha sido terminado".

La presencia de Iraeta se dio a solo dos días de las elecciones bonaerenses, en un distrito donde La Libertad Avanza consiguió imponerse. Aunque el secretario buscó despegar su visita del calendario político, el contexto electoral estuvo sobre la mesa. "Vine a escuchar, a acompañar y a transmitir que Nación está cumpliendo con las emergencias agropecuarias. Entiendo perfectamente cuál es la situación, la sufrí, y por eso sé lo que significa", aseguró el funcionario, quien recordó que conoce la zona desde su infancia.

El presidente de la SRA, Nicolás Pino, también intervino en la jornada y explicó la lógica detrás de esta reunión federalizada: "Vamos a estar donde suceden las cosas, que es en los diferentes lugares de la Argentina y donde están los productores. Así que en esa dinámica tratamos que una comisión directiva por mes la llevemos a distintos puntos del país. Hace un mes habíamos decidido estar en 9 de Julio porque se veía que la situación venía complicada".

El encuentro terminó marcando un doble mensaje. Para los productores, que aprovecharon la visita para visibilizar la urgencia de soluciones y dejar planteadas sus propuestas. Y para las autoridades, que quedaron frente a un reclamo concreto: caminos rurales transitables ya, y una definición política sobre la continuidad de las obras en el río Salado.

Emergencia Agropecuaria: proponen quita de retenciones para productores afectados

Dos diputados de la Coalición Cívica presentaron un proyecto para reformar la Ley de Emergencia Agropecuaria N° 26.509, sancionada en 2009. El objetivo es claro: que la normativa deje de ser un instrumento burocrático y pase a ser una herramienta eficaz frente a catástrofes climáticas que cada vez son más frecuentes.

La ley vigente creó un fondo de $500 millones anuales para asistir a los productores afectados por sequías o inundaciones. En su momento, esa cifra parecía significativa, pero hoy resulta prácticamente simbólica frente a los daños que deja cada evento climático. Para tener dimensión, solo en la última sequía el agro argentino perdió ingresos por más de 20.000 millones de dólares, mientras que las recientes inundaciones dejaron productores sin cosecha, sin pasturas y con la hacienda comprometida.

Los diputados Victoria Borrego y Juan Manuel López plantean elevar ese monto a un mínimo de $130.000 millones, con un mecanismo de actualización automática ligado al precio del gasoil, de manera de evitar que el fondo vuelva a quedar desactualizado con el correr de los años.

Pero no se trata solo de más recursos: la iniciativa también apunta a acelerar los plazos administrativos. Hoy, para que se reconozca una emergencia agropecuaria a nivel nacional, primero la provincia debe declararla y luego elevar el pedido a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. Este organismo tiene plazos extensos y, muchas veces, la asistencia llega tarde. Con la reforma, si en cinco días hábiles no hay respuesta, la emergencia se considerará automáticamente aprobada.

A esto se suma un capítulo clave: el alivio fiscal. La propuesta establece que los productores afectados no paguen retenciones de exportación, se reduzca a cero la alícuota del impuesto al cheque y se suspenda el cobro de anticipos impositivos. "La emergencia no puede ser una herramienta política al servicio de la recaudación. Cuando los productores enfrentan sequías o inundaciones necesitan alivio inmediato", señaló López al presentar el proyecto.

La emergencia agropecuaria, en la práctica, permite a los productores acceder a prórrogas en el pago de impuestos, facilidades crediticias y beneficios fiscales. Sin embargo, el esquema actual es engorroso y termina siendo poco útil en el terreno. La semana pasada, el Gobierno nacional declaró en emergencia a 12 distritos bonaerenses, entre ellos Puán, 9 de Julio, Carlos Casares, Bolívar y Saladillo. Pero la pregunta de fondo es si esas declaraciones realmente se traducen en una ayuda concreta.