A través de la Resolución 12/2026 el Gobierno nacional derogó las últimas resoluciones y disposiciones que permanecían vigentes y que habían sido dictadas para la implementación y funcionamiento del Fondo Estabilizador del Trigo. En los fundamentos de la resolución, el Ejecutivo recordó que el fideicomiso que sostenía el FETA ya había sido liquidado mediante la Resolución 142/2024 del Ministerio de Economía, que dispuso la revocación del contrato y la consecuente disolución del fondo. "Habida cuenta de la revocación del contrato y la consecuente liquidación del fideicomiso del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, toda la normativa complementaria y reglamentaria dictada para su implementación y operatividad ha quedado carente de objeto y de sustento legal", señala el texto oficial.

El Fondo Estabilizador del Trigo Argentino fue creado en marzo de 2022 con el objetivo de desacoplar los precios internos de los internacionales tras el fuerte incremento registrado en los mercados globales a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania. El esquema buscaba subsidiar parte del costo del trigo utilizado por los molinos harineros para evitar que las subas internacionales se trasladaran plenamente al precio de la harina y, en consecuencia, al pan y otros productos derivados. Para financiar el mecanismo se utilizaron recursos provenientes del aumento temporal de los derechos de exportación sobre el aceite y la harina de soja. Sin embargo, desde su puesta en marcha, el fondo fue objeto de cuestionamientos por parte de entidades agropecuarias, exportadores y economistas, quienes señalaron problemas de transparencia, dificultades operativas y escasos resultados en materia de contención de precios al consumidor.

La derogación de las normas complementarias representa el cierre administrativo definitivo de una de las principales herramientas de intervención implementadas por el anterior gobierno en el mercado triguero. Desde la actual administración sostienen que, una vez liquidado el fideicomiso, mantener vigentes las disposiciones regulatorias asociadas generaba complejidad normativa e incertidumbre jurídica. La Resolución 12/2026 argumenta que la eliminación de normas sin aplicación efectiva contribuye a brindar mayor claridad al ordenamiento legal y permite concentrar los recursos del Estado en regulaciones consideradas prioritarias.