El consejo directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) decidió no avanzar con el controvertido plan del Gobierno Nacional que proponía un drástico ajuste en el organismo. El proyecto, impulsado bajo el rótulo de "modernización" por el vocero presidencial Manuel Adorni, incluía la venta de propiedades, estaciones experimentales y campos, además de miles de despidos y retiros voluntarios.

La reunión, realizada en medio de un fuerte operativo de seguridad y con movilizaciones de trabajadores y sindicatos, culminó sin acuerdos. Los representantes de entidades ruralistas como CRA, la Sociedad Rural y Coninagro, junto a delegados de universidades públicas, optaron por no someter a votación la iniciativa oficial, que calificaron de "incompleta" y de impacto incierto.

El secretario general de APINTA, Mario Romero, contó que la reunión del Consejo Directivo duró 12 horas aproximadamente. En todo ese tiempo, el titular del organismo designado por Milei presentó el plan de modernización de Casa Rosada y solo cosechó rechazos.

“Las autoridades institucionales se plantaron en su postura de avanzar en el paquete cerrado y el resto de los consejeros directivos se levantaron la reunión y la dejaron sin quórum”, reveló Romero.

De todas maneras, el gremialista adelantó que el freno es temporal dado que es posible que la administración libertaria llame a una "reunión extraordinaria" del Consejo para avanzar con el desguace del INTA.

Resistencia y reclamos
Mientras en las afueras del edificio los manifestantes coreaban "el INTA no se vende", los consejeros exigieron al Ejecutivo detalles precisos del plan, que contempla reducir de forma drástica la estructura del organismo. Según trascendió, el Gobierno busca deshacerse de terrenos y edificios clave y prescindir de un porcentaje significativo de los 6.450 empleados del INTA, en su mayoría profesionales especializados.

Desde su creación en 1956, el INTA ha desempeñado un rol crucial en el desarrollo agropecuario y rural del país, con una red de estaciones experimentales y agencias de extensión que asisten a productores en todo el territorio nacional. Los representantes rurales alertaron sobre el riesgo de desmantelar una institución que contribuye a la competitividad del sector.

Futuro incierto
Aunque el ajuste quedó en suspenso, no se descarta que el Gobierno insista en implementar cambios. Por ahora, la resistencia de las entidades vinculadas al agro y la falta de consenso interno en el consejo directivo ponen freno a una propuesta que amenaza con desarticular uno de los pilares de la ciencia aplicada al campo en Argentina.