Los presidentes de las cuatro entidades que nuclean al campo argentino, Andrea Sarnari (FAA), Lucas Magnano (Coninagro), Carlos Castagnani (CRA) y Nicolás Pino (SRA) (foto), definieron solicitar una audiencia con el Ministro de Economía y el Secretario de Agricultura, con el fin de exponer la crítica situación del campo y solicitar un alivio fiscal inmediato, a través de la reducción de impuestos que permita a los productores hacer frente a los costos crecientes y mantener sus actividades y la eliminación de los derechos de exportación.

Las condiciones climáticas, como la falta de lluvias y las altas temperaturas, sumado a la depresión de los precios internacionales y los altos costos de producción, condicionan la actividad que genera desarrollo económico y arraigo en todas las provincias del país. Frente a este contexto desde la Comisión de Enlace se propone trabajar en conjunto con el gobierno para encontrar soluciones de manera inmediata.

Además, se trataron otros temas clave para el desarrollo del sector como infraestructura para mejorar caminos rurales y accesos para garantizar el traslado de insumos y producción. Otro fue la Hidrovía, puertos y ferrocarriles con el objetivo de avanzar en infraestructura estratégica que garantice una logística más eficiente y competitiva. Otro de los temas tratados, durante la reunión, fue la conectividad rural: "Promover inversiones que lleven internet de calidad a las economías regionales para fortalecer la productividad y la educación en el campo". Por último, hablaron sobre seguridad rural ya que la creciente preocupación por la inseguridad en el ámbito rural requiere de medidas inmediatas para proteger a los productores y familias rurales.

El gobierno cordobés alivia carga fiscal al campo

El gobierno de Córdoba anunció medidas de alivio fiscal para los productores agropecuarios afectados por dificultades económicas, mientras reiteró su pedido al Gobierno nacional de eliminar las retenciones al sector agrícola.

Entre las medidas dispuestas se encuentra el diferimiento de compromisos impositivos por seis meses para aquellos productores que puedan certificar su situación crítica mediante una declaración jurada. Además, se estableció un tope en el aumento del impuesto inmobiliario rural, posponiendo por medio año los montos que excedan el límite definido.

El comunicado oficial del gobierno provincial destacó que el 94% de la carga impositiva que enfrentan los productores corresponde a tributos nacionales, mientras que solo el 2% es municipal y el 4% restante es provincial. De este porcentaje, aseguraron, el 98% de los recursos se reinvierte en obras destinadas al campo.