El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria decidió el cierre de la Estación Experimental AMBA luego de 15 años de trabajo orientado a la investigación aplicada y a la asistencia técnica en el área metropolitana. La medida implica la finalización de las actividades de la sede y la discontinuidad de varias agencias territoriales que brindaban apoyo a productores del cinturón frutihortícola.

La estación tenía como principal objetivo el acompañamiento técnico a pequeños y medianos productores urbanos y periurbanos, con programas vinculados a la agricultura familiar, sistemas agroecológicos y mejora de la productividad en la región. Su trabajo se concentraba especialmente en el conurbano bonaerense, donde el respaldo estatal es clave para sostener la actividad de unidades productivas de menor escala.

El cierre abarca la sede central y la red de agencias de extensión vinculadas al programa, y afecta a decenas de trabajadores entre investigadores, técnicos y personal administrativo. Parte del personal fue reubicado en otras dependencias del organismo, en el marco de un proceso de reorganización interna.

El impacto operativo se vincula principalmente con la interrupción de servicios de asistencia técnica y transferencia tecnológica en zonas periurbanas, donde la producción hortícola abastece buena parte del consumo fresco del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La decisión generó críticas desde distintos sectores políticos y productivos. El ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez, cuestionó la medida a través de un mensaje en redes sociales en el que afirmó que el cierre se da "en el marco de una política de ataque constante a la ciencia y la tecnología y la producción nacional". En su publicación, sostuvo que la estación brindaba asistencia a pequeños productores y contribuía a la provisión de alimentos de calidad en la región. Además, criticó la orientación de la política productiva al señalar que, a su entender, se debilita el sistema tecnológico y de conocimiento aplicado al agro.

A su vez, Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, rechazó la medida en redes sociales: "Hoy conocemos de manera oficial el cierre de la Estación Experimental AMBA del INTA. Ni un solo argumento de las razones, pero son evidentes: este es un gobierno nacional que discrimina y ataca a los pequeños productores", aseguró el ministro de Axel Kicillof.

El Consejo también aprobó la implementación de un plan de retiros voluntarios para el personal de planta permanente, que comenzará el 1° de abril y alcanzará a los 5749 empleados actuales del organismo. La medida importa porque el Instituto es un pilar de la investigación y extensión agropecuaria en todo el país, y cualquier recorte impacta en la innovación, la transferencia tecnológica y la competitividad del agro argentino.

La decisión se formalizó en el Acta N°611 y establece que podrán adherirse trabajadores con un mínimo de tres años de antigüedad y menos de 65 años al 31 de marzo de 2026. El Consejo instruyó a la Dirección Nacional a elevar la propuesta al área de Empleo Público y al Ministerio de Economía para garantizar el presupuesto de las desvinculaciones.

En cuanto a los montos, el esquema fija una compensación equivalente a 1,5 haberes brutos por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses, según lo registrado en el legajo y conforme a la Ley 25.164 y el Convenio Colectivo de Trabajo de la Administración Pública Nacional.

Para quienes tengan hasta 60 años, se abonará el total resultante del cálculo. Entre 61 y 63 años, habrá un tope máximo de 24 haberes brutos. En el caso de quienes tengan 64 años, el límite será de 12 haberes brutos. El pago se realizará en una sola vez, según lo definido por el cuerpo que preside Nicolás Bronzovich.

El plan también incluye una cláusula sensible: quienes adhieran no podrán reingresar al Sector Público Nacional -ni en planta permanente ni transitoria, ni bajo ninguna modalidad contractual- durante cinco años desde la fecha efectiva de cese. La convocatoria estará abierta durante 30 días corridos desde el 1° de abril, con posibilidad de prórroga por única vez por otros 15 días si lo solicita la Dirección Nacional.

Según datos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el INTA cuenta actualmente con 5749 empleados. La intención oficial, de acuerdo con cifras que manejan en el gremio, sería reducir alrededor de 1000 puestos o llevar la dotación a unos 4000 trabajadores. Desde el inicio de la gestión ya se registraron más de 800 bajas entre retiros, jubilaciones, cesantías y renuncias.

Julieta Boedo, delegada de ATE en el organismo, cuestionó con dureza la medida y advirtió que el retiro voluntario podría afectar tanto a administrativos como a profesionales técnicos, lo que -según su visión- comprometería la investigación científica y el desarrollo tecnológico del Instituto.

En paralelo, las entidades agropecuarias con representación en el Consejo Directivo pidieron que el proceso se realice sin afectar el normal funcionamiento del INTA, clave para el acompañamiento técnico a productores y economías regionales. También solicitaron precisiones sobre cuántos trabajadores estima el Gobierno que podrían adherirse.