El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció en conferencia de prensa que se aportarán 2.000 millones de pesos adicionales para mejorar los caminos rurales, en el marco de la respuesta estatal a los temporales que afectaron varias zonas del territorio bonaerense. Sobre ello, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, señaló: "A través de este programa inédito como es el de Caminos rurales, ejecutaremos este desembolso adicional de la provincia, para reforzar y complementar los trabajos que están llevando adelante los municipios afectados".

En este sentido, se explicó que un conjunto de municipios, algunos de los cuales ahora serán declarados en emergencia agropecuaria, tienen diversos daños en la red de caminos rurales, cuyo mantenimiento está a cargo de los municipios. Al respecto, se detalló que dada la situación, que ha generado afectaciones importantes y difíciles de afrontar por parte de los municipios, desde la provincia se avanzará con la firma de convenios específicos para aportar fondos destinados exclusivamente a la mejora de caminos rurales.

Emergencia Agropecuaria

El gobernador señaló que declarará la Emergencia y/o Desastre Agropecuario, en los distritos que ya habían sido analizados hace unos días por la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la provincia de Buenos Aires. La medida trae beneficios fiscales para productores de 12 partidos: Guaminí, Bolívar, General Lamadrid, Carlos Casares, Puán, Tornquist, Tapalqué, Nueve de Julio, Saladillo, Roque Pérez, Coronel Suárez y Veinticinco de Mayo.

"Entendemos las dificultades que afrontan los productores cuando ocurren eventos climáticos de estas características. Por eso acercamos herramientas financieras e impositivas para que nadie se vea impedido de seguir produciendo. Lo más importante para nosotros, es trabajar y generar empleo, por eso aportamos estos instrumentos", explicó Javier Rodríguez.

Sobre la contingencia meteorológica, el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) realiza un monitoreo constante mediante imágenes satelitales. Sobre los municipios que ahora se declaran en emergencia agropecuaria, se explicó que, dadas las características de la inundación, cada productor afectado deberá solicitar el certificado de emergencia.

Cabe señalar con respecto a la situación climática que el 2025 empezó con escasez de lluvias, pero febrero y marzo marcaron registros históricos por encima de los 300 milímetros. En algunos partidos, esto resulta el 50% de las precipitaciones anuales.

Durante la última reunión de la Comisión, se destacó la política pública del Plan Estratégico de Mejora de Caminos Rurales, impulsada por el MDA y Vialidad Provincial desde 2020. Hasta el momento, se intervinieron más de 5.000 kilómetros, mejorando la comunicación terrestre en al menos 108 municipios. La contracara de esto fue la preocupación que genera el freno a la obra pública por parte del Gobierno nacional, en particular las referidas a la cuenca del río Salado.

En efecto, en los últimos días diversas entidades rurales, nucleadas en el Consejo Honorario Asesor del Río Salado, se habían quejado públicamente y le habían exigido a la administración de Javier Milei “reactivar de manera inmediata” el dragado de ese río en su tramo IV. 2, clave para evitar inundaciones en distintos sectores de la provincia. En concreto, se trata de una parte importante del Plan Maestro Integral, que está paralizado.

Pedido al Gobierno Nacional

Durante la conferencia, Kicillof señaló, en referencia a las afectaciones en los sectores urbanos y rurales de la provincia, que le reclamará al Gobierno de Javier Milei 100.000 millones de pesos “para seguir atendiendo las necesidades de infraestructura y asistencia por los efectos climáticos en Bahía Blanca y al norte de la provincia de Buenos Aires”. El líder del Ejecutivo bonaerense dijo estas palabras acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el de Seguridad, Javier Alonso, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo y con la presencia del ministro Javier Rodríguez.

Al respecto, explicó que el pedido se funda en que “Nación se está apropiando ilegalmente de un fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que corresponde a las provincias para hacer frente a situaciones de emergencia. No estamos pidiendo nada, sino exigiendo que cumplan con sus responsabilidades y obligaciones establecidas por la ley”, cerró el gobernador.

Con ese tono, agregó: “Vamos a sumar un reclamo concreto sobre diez obras hídricas que están paralizadas por el Gobierno nacional. No podemos continuar con esta inacción y desidia, si no las van a terminar, pedimos que las transfieran para que podamos hacernos cargo de reactivarlas con recursos propios”.

Ruralistas advierten sobre caminos intransitables

En un encuentro organizado por CARBAP se congregaron a delegados de General Arenales, Chacabuco, Pergamino, General Viamonte y Carmen de Areco, junto a los diputados provinciales Silvina Vaccarezza y Luciano Bugallo.

Durante la jornada, los dirigentes pusieron el foco en las zonas afectadas por inundaciones, donde los campos quedaron anegados y los caminos rurales se tornaron intransitables. "Sin obras, los caminos se vuelven intransitables y el perjuicio para la actividad productiva es innegable", alertaron, al tiempo que solicitaron fondos para el mantenimiento y mejora de la red vial y las infraestructuras hídricas clave.

Además, advirtieron que las promesas de eliminación de retenciones formuladas en campaña por el presidente Javier Milei quedaron pendientes. "Si el Gobierno nacional persiste con la idea de volver a subir los derechos de exportación, es muy probable que se convoque a una movilización del campo", aseguraron los ruralistas. En cuanto al inmobiliario, los productores anticiparon que evaluarán acciones judiciales contra la Provincia, al considerar que la prórroga de la Ley Impositiva Fiscal 2024 impide revisar los valores aplicados en las boletas.

Con este encuentro regional, el sector busca visibilizar sus reclamos antes de que se definan, en junio, las futuras políticas tributarias y las inversiones en obras de infraestructura, que consideran esenciales para garantizar el traslado de la producción y la sustentabilidad de la actividad agropecuaria