La Unión Europea se prepara para dar un paso decisivo hacia la firma del mayor acuerdo de libre comercio de su historia con el Mercosur. Los países del bloque comunitario deberán definir su postura formal, luego de meses de intensas disputas políticas y presiones sectoriales para asegurar el respaldo de los Estados miembros. La Comisión Europea, que dio por concluidas las negociaciones hace un año, cuenta con el apoyo de países como Alemania y España, que consideran al acuerdo una herramienta estratégica para abrir nuevos mercados, compensar la pérdida de negocios provocada por los aranceles estadounidenses y reducir la dependencia de China, especialmente mediante el acceso a minerales críticos provenientes de Sudamérica.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta una fuerte resistencia encabezada por Francia, el mayor productor agrícola de la Unión Europea. El gobierno francés advierte que el acuerdo podría provocar un ingreso masivo de productos agroalimentarios a bajo costo, como carne vacuna, aves y azúcar, lo que afectaría a los productores europeos. En ese contexto, agricultores franceses protagonizaron protestas y cortes de rutas durante la semana, reflejando la tensión que rodea al debate.

En términos económicos, el tratado sería el más ambicioso de la UE en reducción arancelaria, con una eliminación estimada de 4.000 millones de euros anuales en aranceles para las exportaciones europeas. Actualmente, el Mercosur aplica derechos elevados, como 35% para autopartes, 28% para productos lácteos y 27% para vinos.

Ambos bloques aspiran a expandir un comercio bilateral que en 2024 alcanzó los 111.000 millones de euros. Mientras las exportaciones europeas se concentran en maquinaria, productos químicos y equipos de transporte, las del Mercosur se basan principalmente en productos agrícolas, minerales, pulpa y papel.

Para contener las críticas internas, la Comisión Europea incluyó cláusulas de salvaguardia que permitirían suspender importaciones de productos agrícolas sensibles, reforzó los controles sanitarios y de residuos de plaguicidas, creó un fondo de crisis, aceleró apoyos al sector agrícola y prometió reducir los aranceles de importación de fertilizantes.

Pese a estas concesiones, Francia y Polonia mantienen su rechazo. Italia, en cambio, habría cambiado su postura y pasaría del "no" expresado en diciembre al "sí" esperado este viernes. La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, aseguró que "la batalla no ha terminado" y anticipó una fuerte disputa en el Parlamento Europeo, donde la votación podría ser ajustada. A la oposición agrícola se suman organizaciones ecologistas, como Amigos de la Tierra, que califican el acuerdo como "destructor del clima".

Desde Alemania, el socialdemócrata Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, se mostró confiado en que el tratado será finalmente aprobado y estimó que la votación definitiva podría realizarse entre abril y mayo, sellando un acuerdo que marcaría un antes y un después en la relación entre Europa y el Mercosur.