Confederaciones Rurales Argentinas denunció que frigoríficos exportadores estarían aplicando descuentos en el precio de la hacienda a productores que no inscribieron sus animales en VISEC Carne, la plataforma desarrollada para facilitar el cumplimiento de las exigencias europeas sobre productos libres de deforestación. La entidad reclamó el cese de esas prácticas y advirtió que podría recurrir a las autoridades de competencia. 

En su comunicado, CRA sostuvo que no existe una obligación legal que exija al productor argentino registrarse específicamente en VISEC Carne, ni una disposición europea que autorice descuentos por no utilizar esa herramienta. La organización también cuestionó que una exigencia vinculada a determinados mercados pueda afectar el valor de toda la hacienda comercializada. Sin embargo, la denuncia no identifica públicamente a los frigoríficos involucrados ni precisa porcentajes de quita o liquidaciones que permitan comprobar su alcance. Esa documentación resulta fundamental para determinar si existen descuentos sistemáticos y cuáles son sus fundamentos comerciales.

El Reglamento (UE) 2023/1115, conocido como EUDR, establece que productos como la carne vacuna y la soja deben provenir de tierras no deforestadas después del 31 de diciembre de 2020 y cumplir la legislación del país de origen. Según informa la Comisión Europea en su documentación oficial, las principales obligaciones comenzarán a aplicarse el 30 de diciembre de 2026 para grandes y medianos operadores, mientras que la mayoría de los pequeños y microoperadores tendrá plazo hasta el 30 de junio de 2027. La responsabilidad regulatoria recae principalmente sobre quienes introducen los productos en el mercado europeo, aunque necesitan información de sus proveedores.

La industria frigorífica argumenta que esa información debe estar disponible antes de que las nuevas reglas sean exigibles. En declaraciones difundidas el 16 de octubre por la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA), Daniel Urcía, vicepresidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (FIFRA), explicó que los exportadores necesitan responder a las exigencias de sus compradores europeos. También aclaró que VISEC genera documentación de debida diligencia y no constituye, por sí misma, una certificación. 

Uno de los puntos más sensibles es el financiamiento de la plataforma. En mayo de 2026, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) informó que la inscripción en VISEC Carne era gratuita para los productores, pero advirtió que quienes no se registraran antes de junio deberían afrontar posteriormente el costo del análisis de los polígonos correspondientes a sus establecimientos. 

La discusión económica presenta otra complejidad. Una res bovina puede comercializarse en distintos destinos, con cortes destinados a Europa, China o el mercado interno, por lo que CRA cuestiona que una condición vinculada al mercado europeo termine afectando el precio del animal completo. El IPCVA difundió investigaciones realizadas junto al CONICET según las cuales el 87% del territorio ganadero presenta riesgo nulo de deforestación. Adrián Bifaretti, referente del Instituto, destacó en declaraciones publicadas por APEA en octubre de 2026 que esta característica representa una oportunidad competitiva para la carne argentina. Sin embargo, el indicador territorial no reemplaza la verificación individual de los establecimientos y de los movimientos de animales, condición necesaria para demostrar el origen de la hacienda comercializada. 

CRA anticipó que podría presentar antecedentes ante la Autoridad Nacional de la Competencia, en el marco de la Ley 27.442, y ante la Secretaría de Agricultura. La eventual existencia de descuentos no implica automáticamente una infracción a la legislación de competencia: para determinarla sería necesario investigar posibles acuerdos entre compradores, restricciones injustificadas o conductas que afecten el funcionamiento del mercado. Mientras tanto, la entidad recomienda a los productores solicitar por escrito los fundamentos de cualquier quita y comunicar los casos a sus organizaciones rurales. La transparencia de las liquidaciones aparece como una condición central para esclarecer las denuncias.