La ordenanza, que busca generar un fondo a través de una nueva tasa portuaria, ha generado un rechazo contundente por parte de las Sociedades Rurales del sudeste, quienes consideran que no se trata de una medida que tenga como fin el mejoramiento de la infraestructura vial, sino un mecanismo para incrementar los recursos municipales a costa de la producción local.

CARBAP, en un comunicado difundido por las entidades rurales, expresó su firme oposición a la creación de este fondo, al que definió como una "aberración jurídica" que compromete la capacidad de los productores de competir en el mercado y desarrollar su actividad. "El sector agropecuario ya enfrenta suficientes desafíos y restricciones para seguir produciendo, y esta medida no hace más que agregar un nuevo obstáculo", afirmaron.

La principal crítica se centra en la falta de claridad respecto al destino de los fondos recaudados, así como en la decisión de extender la zona contributiva más allá de los límites del municipio de Necochea. Para CARBAP, esta ampliación resulta "arbitraria" y refleja una política que no apunta a mejorar la infraestructura, sino a generar mayores ingresos a expensas de los productores.

La Confederación instó al intendente Arturo Rojas a dar marcha atrás con esta medida y a convocar a una mesa de diálogo con el sector productivo. "Es necesario abrir un espacio de discusión institucional para encontrar soluciones que no perjudiquen a los productores ni restrinjan la competitividad de la región", subrayaron.

La declaración de CARBAP también apela a la necesidad de optar entre dos caminos: "la vieja política empobrecedora que sigue castigando al sector productivo" o una alternativa que impulse una "Argentina próspera y libre". "¿De qué lado estará el intendente?", cuestionaron en el documento.

La aprobación de esta ordenanza se da en un contexto en el que la producción agropecuaria enfrenta crecientes desafíos económicos, regulatorios y climáticos. Para muchos actores del sector, la imposición de esta nueva tasa representa una carga más que impactará en la rentabilidad y que, lejos de fomentar la inversión en infraestructura, generará mayores costos operativos.

Por su parte, desde el municipio se ha defendido la creación del fondo argumentando la necesidad de financiar mejoras viales y asegurar el mantenimiento de la infraestructura que utilizan los sectores productivos. No obstante, el rechazo de las entidades rurales evidencia un profundo malestar y una percepción de desconfianza respecto al manejo y la asignación de los recursos.

La controversia por la tasa portuaria no solo pone de relieve la tensión entre el sector productivo y el gobierno local, sino que reabre el debate sobre las políticas públicas que, según los productores, afectan directamente la competitividad del agro, un motor clave de la economía argentina.

Con el sector agropecuario pidiendo un diálogo abierto, la resolución de esta medida se presenta como un desafío crucial para el gobierno de Necochea y un test para evaluar si se prioriza el crecimiento productivo o se persiste en medidas que, según sus críticos, empobrecen al país.