El bloque de diputados nacionales de Provincias Unidas solicita que se informe cómo fueron administrados desde 2024 los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial), creado para financiar la construcción, mantenimiento y rehabilitación de las rutas nacionales. La iniciativa, encabezada por la presidenta de la bancada, la santafesina Gisela Scaglia, reclama al Poder Ejecutivo información precisa sobre el dinero ingresado al sistema, los montos destinados a obras y el destino de los recursos que no fueron ejecutados.

Según la documentación citada en los fundamentos del proyecto, entre 2024 y mayo de 2026 el SisVial recaudó $1.503.252 millones, mientras que solo $394.406 millones fueron ejecutados en infraestructura vial. Esto significa que apenas el 26,2% de los recursos llegó efectivamente a las rutas, mientras que más de un billón de pesos permaneció invertido en instrumentos financieros. "Las rutas nacionales necesitan respuestas urgentes", afirmó Scaglia.

El pedido de informes solicita al Gobierno nacional que detalle cuánto dinero ingresó al fideicomiso, cuánto debía destinarse a infraestructura vial, cuánto fue efectivamente ejecutado y dónde se encuentran actualmente los fondos no utilizados. También pide conocer qué obras se realizaron con esos recursos, qué organismos estuvieron a cargo del control de su administración y bajo qué normativa se tomaron las decisiones relacionadas con el manejo de los fondos. El reclamo se produce en un contexto de creciente preocupación por el deterioro de los corredores viales estratégicos para el interior productivo, fundamentales para el traslado de granos, insumos y mercadería hacia los principales centros industriales y portuarios.

Scaglia puso especialmente el foco en la situación de las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe, una de las principales provincias agroindustriales del país. "Hace años venimos reclamando por las rutas nacionales. Santa Fe está atravesada por corredores fundamentales para el corazón productivo de la Argentina. Las rutas 33 y 34 deberían ser autopistas y hoy representan un riesgo permanente para quienes las transitan", sostuvo. La legisladora consideró que el problema excede la discusión partidaria y afecta directamente a la seguridad vial, la competitividad y el desarrollo del interior productivo. "No le echemos la culpa solamente a este Gobierno. La falta de infraestructura viene desde hace muchos años. Lo que hoy no puede faltar es el mantenimiento. No podemos seguir naturalizando rutas destruidas mientras miles de familias y trabajadores las transitan todos los días", agregó.

En este escenario, la diputada destacó el reciente acuerdo entre el Gobierno nacional y la provincia de Santa Fe para transferir la administración de la Ruta Nacional A012, un corredor estratégico para el acceso a los puertos del Gran Rosario. A partir del traspaso, la provincia asumirá la administración, el mantenimiento y la ejecución de obras sobre la ruta con recursos propios, con el objetivo de acelerar las intervenciones. "La transferencia de la A012 es un paso importante y valoramos que el Gobierno nacional haya acompañado ese pedido de Santa Fe. Era una obra estratégica para nuestra producción y ahora la provincia va a hacer el esfuerzo económico para ponerla en condiciones", señaló Scaglia. Sin embargo, advirtió que la medida no resuelve el problema general de la red vial nacional.

A los reclamos legislativos se sumó en los últimos días una decisión de la Justicia Federal, que ordenó la reparación inmediata de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el sur de Santa Fe. Para Scaglia, la resolución judicial refuerza un reclamo que la provincia sostiene desde hace años frente al deterioro de la infraestructura. "Lo que hoy estamos diciendo es muy simple: arréglennlas, corten el pasto e ilumínenlas. Mirá qué poco estamos pidiendo. Estamos hablando de tareas básicas para que la gente pueda viajar con seguridad", sostuvo.

Desde Provincias Unidas plantearon que el pedido de informes no busca discutir un modelo determinado de gestión vial, sino garantizar transparencia sobre el uso de recursos públicos que tienen una afectación específica. "Queremos saber qué pasó con los recursos que los argentinos pagan para mantener las rutas nacionales. No estamos discutiendo un modelo de gestión; estamos pidiendo información y transparencia sobre fondos que la ley creó con un destino específico", afirmó Scaglia. El planteo vuelve a poner sobre la mesa una cuestión central para el sector agropecuario: el estado de las rutas nacionales no solo representa un problema de seguridad y transitabilidad, sino que también impacta directamente sobre los costos logísticos y la competitividad de las economías regionales.