El Gobierno nacional homologó la emergencia y desastre agropecuario por inundaciones en Nueve de Julio y Necochea, provincia de Buenos Aires. La decisión llegó casi dos meses después de la declaración provincial y apenas cinco días antes de que finalice su vigencia.

La medida permite que los productores afectados por los anegamientos accedan a beneficios impositivos y facilidades crediticias contemplados en la Ley 26.509. Según establece la resolución, la emergencia comprende al partido de Nueve de Julio y las circunscripciones II, III, IV y XII de Necochea, desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre de 2026. Para acceder a la asistencia, los productores deberán presentar un certificado provincial que acredite la afectación de sus establecimientos. ARCA y las entidades bancarias oficiales deberán instrumentar los beneficios.

Reclamo por obras hidráulicas

Dos productores agropecuarios de Carlos Casares presentaron un amparo judicial contra el Ministerio de Infraestructura bonaerense, conducido por Gabriel Katopodis, ante la falta de respuesta a un pedido de información sobre obras hidráulicas y fondos destinados a prevenir inundaciones. La presentación, realizada en Trenque Lauquen, busca que la Provincia entregue documentación sobre los trabajos previstos en la cuenca del río Salado.

El conflicto comenzó cuando los productores solicitaron información pública sobre las intervenciones proyectadas en la subregión A3 de la cuenca del Salado. Según consta en el amparo, el Ministerio no entregó documentación ni notificó una prórroga dentro del plazo legal, que venció el 3 de septiembre. Frente a esa situación, recurrieron a la Justicia para exigir una respuesta formal. Desde la cartera provincial aseguraron que responderán el pedido de informes a la brevedad, aunque los productores sostienen que la demora dificulta conocer las medidas de prevención previstas.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al Plan de Gestión del Riesgo Climático, anunciado en agosto por el gobernador Axel Kicillof, con una inversión superior a $2,3 billones. Los productores quieren conocer si esos recursos corresponden a partidas ya presupuestadas o a nuevos fondos, además de identificar las obras financiadas, las empresas contratadas y los pagos realizados. También solicitaron estudios técnicos, expedientes y documentación que permita verificar el avance físico y financiero de los proyectos destinados a reducir el impacto de las inundaciones.

El reclamo comprende intervenciones en el arroyo Saladillo, el canal Mones Cazón, los canales Vinculación y del Este, además de trabajos en Bragado y otros sectores de la cuenca. También exige precisiones sobre las obras ejecutadas desde enero de 2024 en Carlos Casares, especialmente en caminos rurales, alcantarillas, puentes y canales de desagüe.

Los demandantes aclararon en su presentación que no buscan que la Justicia evalúe las decisiones técnicas del gobierno provincial, sino que garantice el acceso a información pública. En el escrito advirtieron que recibir los datos después de ejecutadas las partidas o atravesados los períodos de prevención reduce su utilidad.